Los años de Ne Win : Birmania, el laboratorio fallido del socialismo militar (1962–1988)

El golpe de Estado de marzo de 1962 en Birmania (hoy Myanmar) rara vez se comprende en toda su destructiva magnitud. Cuando los tanques del general Ne Win derrocaron al frágil gobierno civil, no se limitaron a ejecutar la clásica interrupción castrense de una democracia disfuncional. Inauguraron una mutación genética del régimen y una redefinición absoluta de la naturaleza del Estado. A partir de esa madrugada, las fuerzas armadas —el Tatmadaw— dejaron de ser el árbitro de última instancia para convertirse en el núcleo organizador exclusivo de la política, la economía y la sociedad. El vehículo para esta toma de poder totalitaria fue el críptico "Camino Birmano al Socialismo": un programa radical de nacionalización, estatismo asfixiante y clausura estratégica del país. Envuelto en un celofán de retórica revolucionaria y anticolonial, el modelo operó en la práctica como la militarización profunda y paranoica de la vida nacional. La dictadura logró una alquimia letal: fusionó el dirigismo económico con la arquitectura del despotismo castrense, produciendo un empobrecimiento crónico, un aislamiento absoluto y un Estado cuya legitimidad no dependía del consentimiento civil, sino del monopolio del terror.

Ne Win

Para descifrar la psicosis institucional de 1962, es imperativo entender el trauma fundacional del periodo 1948-1962. Birmania nació herida por un pacto interétnico incompleto (el Acuerdo de Panglong) y se desangró de inmediato en una guerra civil multisectorial. A principios de la década de 1960, cuando el debate parlamentario sobre una transición hacia el federalismo cobró fuerza, el alto mando militar interpretó la cesión de autonomía a las minorías no como una vía de paz, sino como la antesala inaceptable de la balcanización. El golpe se justificó bajo el dogma innegociable de la "unidad nacional". Esta premisa no era un pretexto cínico y superficial; sigue siendo hoy el núcleo radiactivo de la psique militar birmana: si el poder civil negocia con la periferia, el Estado se rompe. Bajo esta lógica darwinista, la única garantía de integridad territorial era un poder central brutalmente disciplinado, jerárquico y coercitivo. La suprema paradoja es que, al clausurar cualquier válvula de negociación política, el nuevo régimen no extirpó la guerra civil periférica; la institucionalizó como la condición natural y permanente del Estado.

En este ecosistema, el "Camino Birmano al Socialismo" no fue una copia mecánica de los manuales de Moscú o Pekín; fue una tecnología de control autóctona diseñada a medida para desmantelar el pluralismo. A través de un partido único de fachada (el BSPP), el régimen subsumió la vida pública bajo la estricta jerarquía militar. En el plano económico, ejecutó una nacionalización masiva que barrió con el comercio privado, la banca y la industria, sustituyendo al mercado por la inoperancia de un Estado hipertrofiado. Simultáneamente, aniquiló la autonomía social, sometiendo a sindicatos, prensa y universidades a una vigilancia orwelliana. En el discurso oficial, era una vía nacionalista y moralmente regeneradora. En el asfalto, la ideología no era un plan de desarrollo económico, sino el lenguaje legitimador para transformar al Estado en un administrador omnipresente y al soldado en el capataz absoluto de la nación.

Bajo este esquema, el legendario aislamiento de Birmania no debe leerse como un accidente derivado de la mala gestión, sino como un método deliberado de gobernanza. Sellar herméticamente las fronteras esteriliza al país del contagio de ideas democráticas subversivas, bloquea el escrutinio internacional sobre los derechos humanos y, sobre todo, seca los flujos de capital que podrían empoderar y financiar a actores civiles autónomos frente al régimen. El aislamiento forzaba a la población a depender exclusivamente de las raciones del Estado para su supervivencia física. Sin embargo, esta autarquía paramilitar impuso un costo ruinoso: colapso de la inversión, obsolescencia tecnológica y una economía de escasez endémica. Irónicamente, ante la incapacidad del régimen para proveer, la sociedad birmana simplemente se desplazó hacia la clandestinidad. El Estado pretendía planificar cada grano de arroz, pero terminó gobernando sobre un vasto ecosistema de contrabando y mercados negros. La población aprendió el arte de sobrevivir de espaldas al Leviatán.

Ne Win no militarizó el país simplemente por inercia corporativa; lo hizo cimentado en la tesis fundamental del Tatmadaw: la política civil es, por definición, una amenaza demasiado inflamable para la supervivencia de la patria. El Ejército mutó en una institución total: se erigió como la élite administrativa, el principal conglomerado económico, el educador ideológico y el árbitro incontestable de la moral. En este modelo de "Estado-cuartel", la disciplina militar se exporta al conjunto de la burocracia civil, imponiendo la cadena de mando, el secreto de Estado y una lealtad vertical absoluta. La vida civil pasó a ser tratada como un desorden potencial, y la disidencia política fue recategorizada jurídicamente como alta traición. La falla estructural de este diseño es insalvable: una vez que un país se organiza conceptualmente como una guarnición militar, cualquier exigencia de apertura ciudadana deja de ser vista como una reforma gestionable para ser clasificada automáticamente como un riesgo existencial de amotinamiento.

La comparación con otros regímenes asiáticos expone la esterilidad y excepcionalidad del modelo birmano con una claridad clínica. Partidos únicos autoritarios como los de China y Vietnam también priorizaron el monopolio político absoluto, pero sus élites tuvieron el pragmatismo de utilizar la economía de mercado (las reformas de Deng Xiaoping y el Đổi Mới, respectivamente) como una herramienta indispensable para garantizar la supervivencia del Estado. En Pekín y Hanói, el autoritarismo recicló su legitimidad a través del hipercrecimiento acelerado y la promesa de prosperidad material. En Rangún, Birmania eligió un aislamiento suicida y una estatización rígida sin mecanismos de corrección. El régimen despreció la prosperidad —percibida como una fuerza desestabilizadora— y apostó su legitimidad exclusivamente al mito fundacional del Ejército como escudo contra la desintegración territorial. Esa divergencia abismal explica por qué Birmania se hundió en la miseria mientras sus vecinos se convertían en potencias comerciales.

Protestas birmanas en 1988

Esa es la razón por la que, cuando la bancarrota se volvió inocultable y desembocó en los masivos levantamientos populares de 1988, la Junta solo supo responder con fuego abierto. Fue el síntoma sangriento de una trayectoria sellada en 1962: un sistema altamente capacitado para gobernar mediante la metralla, pero estructuralmente castrado para generar legitimidad mediante el rendimiento.

En retrospectiva, el verdadero legado del golpe no se explica únicamente por la ortodoxia socialista ni por el corporativismo castrense, sino por la fusión tóxica de ambos: un proyecto nacional donde la racionalidad económica fue eternamente sacrificada en el altar de la seguridad del régimen, y donde la política se rindió ante la paranoia del alto mando. Ne Win no solo desconectó a Birmania del sistema internacional; aisló al Estado de su propia sociedad civil. Reemplazó el pacto social por la disciplina de trinchera y la negociación por la sospecha institucionalizada.

Esa arquitectura de poder convirtió el control en un fin en sí mismo. Y la historia de los autoritarismos demuestra repetidamente la trampa final de este camino: cuando el control absoluto se vuelve la única razón de ser, el Estado pierde por completo la capacidad de preguntarse cómo gobernar mejor. Se limita, única y exclusivamente, a preguntarse cómo sobrevivir un día más.

Bibliografía

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