Núremberg asiático: Los Juicios de Tokio y la invención de la impunidad geopolítica

"El "Núremberg japonés" de 1946 no fue diseñado únicamente para impartir justicia universal, sino para administrar la posguerra. Cómo Estados Unidos ahorcó a la cúpula imperial japonesa, blindó al Emperador, amnistió a los científicos del terror y liberó a los criminales de guerra para construir su gran bastión anticomunista en Asia. La noche del 23 de diciembre de 1948, el Japón militarista fue ahorcado. A la mañana siguiente, las puertas de la prisión se abrieron para liberar al resto de los sospechosos. La desnazificación asiática había terminado; la Guerra Fría acababa de empezar."

La noche del 23 de diciembre de 1948, el Imperio japonés murió por segunda vez. La primera muerte fue estrictamente diplomática, firmada en la cubierta del acorazado USS Missouri en 1945 bajo el peso inasumible de la aniquilación atómica; la segunda fue intensamente física, ejecutada en la horca de la prisión de Sugamo. Allí, siete altos mandos del régimen —incluido el icónico ex primer ministro y general Hideki Tōjō— fueron ejecutados tras escuchar el inapelable veredicto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (IMTFE). La aséptica escena nocturna pretendía sellar una promesa solemne ante el mundo: que la guerra de agresión y la atrocidad industrializada tendrían un precio ineludible, incluso cuando se ordenaran desde la cúspide inalcanzable del Estado.

Sin embargo, el giro de guion que explica la verdadera naturaleza del orden de la posguerra no ocurrió en el cadalso, sino a la mañana siguiente. El 24 de diciembre, apenas horas después de que los cadáveres de Tōjō y sus generales fueran incinerados en secreto, un telegrama oficial emitido desde el cuartel general de la ocupación en Tokio informaba de que diecinueve sospechosos japoneses de crímenes de guerra "Clase A" quedaban en libertad inmediata o bajo laxos arrestos domiciliarios, y certificaba que no se iniciarían más juicios internacionales por el delito de "agresión". Horca la noche del jueves; libertad la mañana del viernes.

Para escribir la historia de los Juicios de Tokio con verdadera ambición analítica —y no como una simple crónica judicial aséptica—, ese brutal contraste debe ser el punto de partida ineludible. Nos obliga a aceptar una premisa geopolítica esencial y profundamente incómoda: el tribunal de Tokio fue, en efecto, un hito de la justicia penal internacional; pero por encima de todo, fue una gigantesca operación de administración territorial. Fue el quirófano donde Estados Unidos extirpó el pasado militarista japonés y, al día siguiente, comenzó a ensamblar a su principal aliado estratégico para el inminente amanecer de la Guerra Fría.

Un tribunal internacional bajo ocupación militar

Cuartel General de los Aliados en Tokio

El imaginario occidental suele igualar Tokio con Núremberg, pero sus naturalezas jurídicas fueron radicalmente distintas. Mientras que Núremberg fue el producto de un tratado cuatripartito internacional entre potencias victoriosas que gobernaban las cenizas de un Estado alemán extinto, el IMTFE operó bajo un esquema de autoridad unipolar. Inaugurado el 29 de abril de 1946, el tribunal nació de la Tokyo Charter, un estatuto promulgado casi unilateralmente por la autoridad absoluta del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas (SCAP), el general estadounidense Douglas MacArthur.

Durante dos años y medio de audiencias ininterrumpidas, el tribunal escuchó a 419 testigos y admitió la abrumadora cifra de 4.336 piezas de evidencia. Sin embargo, el dato que define al tribunal no es su tonelaje documental, sino su absoluta falta de autonomía soberana. Tokio operaba en un país ocupado militarmente, una nación en ruinas cuya gobernabilidad burocrática e industrial debía estar garantizada a la mañana siguiente para evitar el colapso social y la expansión del comunismo. Cuando la aplicación irrestricta de la justicia internacional amenazaba con dinamitar la estabilidad de la ocupación, el tribunal revelaba su verdadera vocación: era un juicio con límites políticos y cordones sanitarios incorporados de fábrica.

El motor legal: La "Agresión" y la horca por omisión

El discurso histórico convencional repite el mantra de que "Tokio juzgó crímenes de guerra". El mecanismo legal real fue mucho más sofisticado e innovador. El tribunal asumió la colosal tarea de convertir la guerra misma (la decisión política y soberana de iniciarla) en un delito penal supranacional, para luego responsabilizar a la cúpula gubernamental por la violencia sádica que su inmenso aparato de Estado había normalizado en el frente.

La primera llave maestra del tribunal fue tipificar la "agresión" como un delito exclusivo de la élite. En la Sentencia (Judgment), la culpa se articuló recurrentemente alrededor del cargo de "conspiración" y el "plan común" para librar guerras expansivas en múltiples teatros de operaciones (China, Estados Unidos, la Commonwealth británica, Países Bajos, Francia y los previos conflictos fronterizos con la URSS).

Pero la segunda llave —el salto jurídico hacia la modernidad y el que convirtió a Tokio en una bomba política— fue la codificación de la responsabilidad del "mando por omisión", establecida en los históricos Cargos 54 y 55. En términos llanos: la fiscalía determinó que no siempre necesitaba probar que un general había firmado una orden directa para masacrar civiles. Podía enviarlo a la horca demostrando tres factores concurrentes: que tenía autoridad nominal de mando, que existía un patrón sistemático de crímenes a gran escala, y que no actuó para impedirlos ni estableció mecanismos reales para conocer la verdad. Tokio no fue un mero juicio sobre los excesos de soldados individuales; fue un proceso que sentó al Estado mismo en el banquillo, procesándolo como una insaciable máquina de violencia.

Anatomía del veredicto: Calibrando el Estado

El veredicto final dictado en noviembre de 1948 dejó una radiografía punitiva inalterable: 7 ejecuciones, 16 cadenas perpetuas y 2 penas temporales. La selección de los siete ahorcados (Tōjō, Doihara, Hirota, Itagaki, Kimura, Matsui y Mutō) no fue aleatoria; fue el pilar fundacional del nuevo relato de posguerra.

El tribunal utilizó la pena capital para emitir dos mensajes simultáneos. Primero, que la cúpula político-militar pagaría con su vida por la sangrienta expansión del Imperio. Segundo, que la omisión mata. El caso del general Iwane Matsui es particularmente didáctico: fue condenado a muerte no por haber ordenado la dantesca Masacre de Nankín en 1937, sino por la estricta lógica de omisión (no haberla impedido a pesar de ser el comandante del Teatro de Operaciones de China Central).

Aún más fascinante es el caso del ex ministro de Asuntos Exteriores Kōki Hirota, el único civil condenado a la horca. Su ejecución fue la vía que encontró el tribunal para extender la responsabilidad de las atrocidades mucho más allá del uniforme militar, utilizando la "omisión" como el puente jurídico ineludible entre los pulcros despachos diplomáticos del gabinete en Tokio y las sangrientas bayonetas en Manchuria. Paralelamente, las penas temporales a figuras como el ex canciller Mamoru Shigemitsu (7 años) y Shigenori Tōgō (20 años) funcionaron como una válvula de escape narrativa. Permitieron al tribunal exhibir "proporcionalidad", probando que estar dentro de la maquinaria de guerra era intrínsecamente criminal, pero reconociendo matices de responsabilidad dentro del bloque burocrático.

La geopolítica de la amnesia selectiva: Lo que el tribunal ocultó

La verdadera dimensión del IMTFE no se entiende leyendo el Código Penal, sino analizando el mapa de la incipiente Guerra Fría. El tribunal fue diseñado para lograr objetivos geopolíticos de estabilización que operaban muy por encima de la justicia procedimental.

El primero y más flagrante fue la absoluta inmunidad del Emperador Hirohito. No fue un vacío probatorio casual. En documentos oficiales del Departamento de Estado (FRUS), MacArthur describió a Hirohito como el pegamento psicológico que unía al pueblo japonés, advirtiendo fríamente a Washington: "Destrúyanlo, y la nación se desintegrará". Esta premisa dejó de ser un análisis de inteligencia para convertirse en el dogma supremo de la ocupación. Tokio debía condenar y decapitar al Estado imperial militarista sin tocar su centro místico. Para lograrlo, los fiscales estadounidenses y la defensa japonesa conspiraron en las sombras para blindar a la familia imperial, forzando a Hideki Tōjō a asumir en el estrado toda la responsabilidad constitucional por iniciar la guerra.

El segundo objetivo fue el control férreo del relato público. En septiembre de 1945, SCAP emitió el Press Code for Japan (SCAPIN-33), estableciendo una estricta censura manejada por el Destacamento de Censura Civil (Civil Censorship Detachment). Mientras el tribunal producía en la sala una pedagogía de la culpa exclusiva sobre un puñado de líderes, el espacio público japonés operaba bajo el bloqueo absoluto de cualquier información que criticara a la ocupación aliada o que cuestionara el nuevo relato histórico. El tribunal impartía justicia dentro de un corredor de realidad artificial y controlada.

Pero el capítulo más oscuro, donde la inteligencia militar devoró definitivamente al derecho penal, fue la amnistía del Escuadrón 731. Bajo el mando del infame microbiólogo y general Shirō Ishii, esta unidad biológica militar perpetró horrores inenarrables en Manchuria: vivisecciones en seres humanos vivos sin anestesia, inoculación de la peste bubónica en miles de civiles chinos y prisioneros soviéticos, y el desarrollo avanzado de armas bacteriológicas. Sin embargo, el tribunal de Tokio guardó un silencio sepulcral. Estados Unidos pactó en secreto otorgar inmunidad total a Ishii y a su cúpula científica a cambio de acceder, en absoluta exclusividad, a los macabros datos médicos de sus experimentos, valiosísimos para la incipiente carrera armamentística de la Guerra Fría. Si el tribunal pretendía sentar jurisprudencia universal, este trueque fáustico demostró que la justicia internacional se detiene en seco allí donde empiezan las "prioridades estratégicas".

La Unión Soviética, furiosa por este encubrimiento, respondió en 1949 orquestando los Juicios de Jabárovsk, donde procesó a los militares del Ejército de Kwantung capturados por el Ejército Rojo específicamente por guerra bacteriológica. Narrativamente, el contraste es puro oro geopolítico: Tokio fijó el canon "presentable" y saneado de culpabilidad para el Japón que Occidente quería alinear, mientras que Jabárovsk exhibió las monstruosidades médicas que Tokio barrió bajo la alfombra. El inmenso abismo moral del IMTFE quedó inmortalizado por el juez indio Radhabinod Pal, el único magistrado que emitió un voto disidente exigiendo la absolución de todos los acusados, argumentando en un documento de 1.235 páginas que Tokio no era justicia internacional, sino mera "justicia del vencedor" revestida de hipocresía imperial.

El Reverse Course: Del castigo al pragmatismo anticomunista

La afirmación de que la purga del militarismo japonés concluyó con la sentencia de 1948 es un espejismo histórico. Entre 1947 y 1948, Estados Unidos ejecutó un giro geopolítico radical conocido como el Reverse Course (Gyakukōsu o "Curso Inverso"). Al constatar que China caería inevitablemente en manos de Mao Zedong y que la Península de Corea era un polvorín a punto de estallar, Washington decidió que ya no necesitaba a un Japón pacifista, débil y purgado; necesitaba un "portaaviones insumergible" y una implacable fortaleza industrial anticomunista en el Pacífico.

Firma del Tratado de San Francisco (1951)

El 24 de diciembre de 1948, el mismo día que los sospechosos "Clase A" fueron liberados, el Reverse Course se hizo material. El ejemplo humano más descarnado de esta amnesia geopolítica es Nobusuke Kishi. Detenido en la prisión de Sugamo como criminal de guerra de "Clase A" por su papel como arquitecto de la explotación económica esclava en Manchuria y ministro del gabinete de Tōjō, Kishi fue uno de los hombres liberados silenciosamente aquella mañana de Nochebuena. Apenas nueve años después, con la bendición diplomática y el financiamiento encubierto de la CIA, Kishi se convirtió en Primer Ministro de Japón (y, décadas después, en el abuelo del asesinado líder Shinzo Abe).

El desmontaje de la justicia de Tokio se institucionalizó con precisión burocrática. El Tratado de Paz de San Francisco (1951) estableció en su Artículo 11 el fin de la ocupación y abrió la puerta legal para la clemencia. En 1952, EE. UU. creó formalmente la Junta de Clemencia y Libertad Condicional (Clemency and Parole Board). Para 1956, los archivos de la Peace Palace Library documentan que prácticamente todos los criminales de guerra que cumplían cadena perpetua habían sido liberados. Tokio no solo castigó; Tokio calibró el castigo, y lo recalibró por completo cuando el enemigo cambió de rostro.

Conclusión: La memoria como arma diplomática

Las sentencias y silencios de los Juicios de Tokio no quedaron sepultados en el polvo de los archivos; siguen siendo material fisible en la política exterior asiática de hoy. El tribunal es el núcleo radiactivo de la política de memoria japonesa y el motor de las perpetuas crisis diplomáticas regionales.

La consagración secreta en 1978 de las almas de catorce criminales de guerra de "Clase A" ejecutados (incluidos Tōjō, Matsui y Hirota) en el sintoísta Santuario Yasukuni de Tokio transformó el pasado en un campo de minas contemporáneo. Cada visita de un primer ministro japonés a este recinto desata crisis diplomáticas virulentas, protestas institucionales desde Corea del Sur y amenazas veladas desde Pekín. Ahí reside la tragedia del IMTFE: el juicio fue diseñado arquitectónicamente para clausurar definitivamente una era de sangre, pero sus silencios calculados, su selectividad y su flagrante instrumentalización geopolítica impidieron una catarsis orgánica en la región.

El "Núremberg japonés" fue un rotundo éxito político de la administración estadounidense, comprado a costa de gigantescas concesiones morales. Castigó lo suficiente para amputar a la cúpula militarista y fundar un relato oficial de culpa, pero preservó exactamente lo necesario —el Emperador, la burocracia conservadora y la ciencia militar— para que el Estado japonés operara como el gran dique de contención anticomunista.

Por esta razón, los Juicios de Tokio trascienden su condición de tribunal penal. Son la escena primigenia en la que el orden internacional moderno se confiesa ante el espejo. Demuestran, con una crudeza inigualable, que la justicia internacional existe, sí. Pero no flota de manera angelical e ingrávida por encima de la historia para purificarla: desciende al barro, calcula las tropas, y negocia despiadadamente el precio con ella, dejando la justicia para la Historia.

Bibliografía

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Yuma Totani, The Tokyo War Crimes Trial: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II (Harvard University Asia Center, 2008).

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Howard Brody et al. (artículo académico), sobre respuestas de EE. UU. a experimentación japonesa y el problema de inmunidades (Unidad 731)