Pervez Musharraf: el general que quiso salvar Pakistán convirtiéndolo en cuartel

Pervez Musharraf no fue un dictador arcaico. No llegó al poder hablando de restaurar un califato ni de fundar una revolución social. Se presentó como otra figura muy reconocible en la historia de Pakistán: el soldado racional, disciplinado, moderno, supuestamente capaz de corregir la corrupción de los políticos y devolver eficacia al Estado. Su promesa fue orden, moderación, estabilidad y seguridad nacional. Su resultado fue más ambiguo: crecimiento con tutela militar, alianza con Estados Unidos, doble juego frente al yihadismo, choque con la judicatura, emergencia política y caída final de un régimen que nunca logró convertir su autoridad en legitimidad civil.

Musharraf no fue una excepción en la historia paquistaní, sino una repetición modernizada de su patrón central: cuando la política civil se debilita, el ejército se presenta como árbitro de la nación, gobierna en nombre de la estabilidad y luego descubre que no puede desmontar las contradicciones que lo llevaron al poder.

El país donde el ejército siempre vuelve

Para entender a Musharraf hay que entender primero Pakistán. Philip Oldenburg plantea el problema de forma directa: India y Pakistán nacieron en 1947 con condiciones sociales, económicas y coloniales muy parecidas, pero siguieron trayectorias políticas opuestas. India consolidó una democracia imperfecta pero resistente; Pakistán cayó pronto en un modelo donde la democracia ha sido muchas veces fachada de un poder militar-burocrático más profundo.

Ese es el suelo histórico de Musharraf. No aparece en un Estado donde el ejército sea una institución subordinada y excepcionalmente politizada por una crisis concreta. Aparece en un país donde el ejército se ha pensado a menudo como guardián de la supervivencia nacional: frente a India, frente a los políticos corruptos, frente al desorden interno, frente a Afganistán, frente al separatismo, frente al islamismo y frente a la propia debilidad del Estado.

Oldenburg subraya que Pakistán ha sido, durante gran parte de su historia, una autocracia o una democracia limitada por el peso del aparato militar-burocrático; incluso en periodos de elecciones, la capacidad del ejército para hacer y deshacer gobiernos ha condicionado la soberanía popular.

Musharraf fue hijo de esa estructura. No inventó el poder militar paquistaní. Lo heredó, lo actualizó y lo vistió de lenguaje tecnocrático.

Kargil: el general antes del golpe

Antes de gobernar, Musharraf ya estaba asociado a uno de los episodios más peligrosos del conflicto indo-paquistaní reciente: Kargil, en 1999. Como jefe del ejército, quedó vinculado a la operación que llevó fuerzas paquistaníes y militantes a posiciones en el sector de Kargil, en Cachemira. El resultado fue una guerra limitada con India, una crisis diplomática grave y un golpe de desconfianza dentro del propio liderazgo paquistaní.

Kargil mostró dos cosas. Primero, la centralidad permanente de Cachemira en la imaginación estratégica paquistaní. Segundo, la autonomía del ejército respecto al poder civil. En Pakistán, la frontera con India no es solo una línea militar: es el argumento que permite al ejército reclamar un papel político superior. La amenaza india convierte la seguridad nacional en un espacio donde los civiles siempre parecen aficionados y los generales, profesionales inevitables.

El enfrentamiento entre Musharraf y el primer ministro Nawaz Sharif se agravó tras Kargil. En octubre de 1999, Sharif intentó destituirlo. El ejército respondió tomando el poder. Musharraf no llegó como candidato. Llegó como jefe militar que transformó una crisis de mando en régimen.

El golpe de 1999: cirugía contra la corrupción

El golpe de octubre de 1999 fue presentado como una intervención necesaria. La fórmula era conocida: los políticos habían fracasado, el Estado estaba deteriorado, la economía necesitaba disciplina y la nación requería una conducción responsable. Musharraf prometió limpiar, estabilizar y reformar.

Ahí aparece una constante del autoritarismo militar paquistaní. El general no dice abolir la democracia para siempre. Dice suspenderla para salvarla de sus deformaciones. No dice querer mandar por ambición. Dice que la patria lo obliga. No se presenta como tirano, sino como cirujano.

Pero esa cirugía tiene un problema: el paciente nunca puede abandonar del todo el quirófano. El militar promete transición, pero conserva el bisturí. El uniforme se convierte en garantía, y toda política civil queda bajo sospecha.

Oldenburg resume este patrón al señalar que las autocracias paquistaníes han tendido a presentarse como democracias tuteladas o como paréntesis hasta que la democracia pueda ser “reiniciada”, sin reconocer plenamente la legitimidad de un sistema militar-burocrático permanente.

Musharraf encajó exactamente en esa lógica: autoritarismo con lenguaje de transición.

El aliado imprescindible después del 11-S

El 11 de septiembre de 2001 cambió la posición internacional de Musharraf. Hasta entonces, su régimen era una dictadura militar más, incómoda para Occidente pero estratégicamente importante. Después de los atentados, se convirtió en aliado central de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo.

Pakistán era imprescindible: frontera con Afganistán, influencia sobre redes talibanes, servicios de inteligencia con larga experiencia afgana, puertos, rutas logísticas, bases y conocimiento del terreno. Washington necesitaba a Musharraf. Musharraf necesitaba reconocimiento, dinero, legitimidad internacional y margen interno.

La alianza fue útil, pero venenosa. Ahmed Rashid muestra la profundidad de la relación entre Pakistán, los talibanes y Afganistán. Según su análisis, los talibanes fueron apoyados por servicios de inteligencia paquistaníes, partidos islámicos, simpatizantes y aliados árabes; tras 2001, muchos líderes talibanes y yihadistas encontraron refugio en zonas fronterizas pakistaníes, y Pakistán temía que una retirada estadounidense dejara espacio a la influencia india en Kabul.

Ese es el corazón del dilema Musharraf: Estados Unidos le pedía combatir a fuerzas que sectores del propio Estado paquistaní habían utilizado durante años como instrumentos de influencia regional. Pakistán se convirtió en aliado de Washington contra el terror y, al mismo tiempo, en retaguardia ambigua de redes militantes.

El doble juego

Musharraf intentó venderse como moderado. Habló de “moderación ilustrada”, de modernizar Pakistán, de contener el extremismo, de reformar la imagen internacional del país. Pero gobernaba un Estado con varios tableros simultáneos.

En el tablero estadounidense, era aliado contra Al Qaeda.
En el tablero afgano, Pakistán no quería perder influencia frente a India.
En el tablero interno, necesitaba no romper completamente con sectores islamistas.
En el tablero militar, debía proteger el prestigio del ejército.
En el tablero civil, tenía que organizar una democracia controlada.

Esa multiplicidad produjo ambigüedad permanente. Musharraf combatió a algunos yihadistas, toleró a otros, negoció con algunos actores tribales, reprimió en ciertos momentos y calculó siempre el coste de ir demasiado lejos. El resultado fue una política que satisfacía a pocos: para Washington, Pakistán nunca hacía suficiente; para los islamistas, Musharraf era un traidor vendido a Estados Unidos; para los demócratas, era un dictador; para India, seguía siendo el general de Kargil.

La autocracia militar prometía claridad. Terminó atrapada en contradicciones.

Democracia dirigida

Musharraf no gobernó solo mediante prohibición. También construyó una fachada institucional. Convocó referéndum, reorganizó el sistema político, permitió elecciones bajo tutela, promovió una Liga Musulmana favorable al régimen y mantuvo partidos civiles en un espacio controlado. Era una democracia administrada por el cuartel.

El objetivo no era eliminar toda política, sino domesticarla. Había Parlamento, pero no soberanía plena del Parlamento. Había partidos, pero el poder último seguía en el jefe militar-presidente. Había medios relativamente activos durante parte de su mandato, pero el límite era claro: no podían erosionar la arquitectura militar del régimen.

Oldenburg ofrece una clave útil: en Pakistán, incluso cuando existen elecciones, libertad de prensa y asamblea, el sistema queda limitado si el ejército conserva capacidad para vetar, fabricar o destruir gobiernos.

Musharraf fue exactamente eso: un gobernante electoralmente vestido, pero militarmente sostenido.

Crecimiento, tecnocracia y desigualdad política

Los años de Musharraf también tuvieron crecimiento económico, expansión de ciertos medios, modernización urbana, llegada de capital y una imagen de Pakistán más conectada con la globalización. Esto no debe omitirse. El autoritarismo militar no se sostiene solo con miedo: también se sostiene con resultados, o con la percepción de resultados.

Pero la prosperidad no resolvió el problema institucional. Un país puede crecer y seguir sin democratizarse. Puede tener cadenas de televisión y seguir bajo tutela militar. Puede tener empresarios, bancos, telefonía móvil y consumo urbano, pero mantener el núcleo del poder fuera del control ciudadano.

Musharraf representó una versión neoliberal-securitaria del viejo militarismo paquistaní: apertura económica parcial, alianza occidental, discurso modernizador y control político desde arriba.

La pregunta de fondo era sencilla: ¿puede modernizarse un Estado cuando su institución más poderosa no acepta ser gobernada por civiles?

La respuesta paquistaní siguió siendo negativa.

La Mezquita Roja y el enemigo dentro

El punto de inflexión interno llegó con la radicalización del conflicto dentro de Pakistán. La Mezquita Roja de Islamabad, en 2007, simbolizó la colisión entre el régimen y sectores islamistas que ya no podían ser manejados solo mediante pactos ambiguos. La operación militar contra el complejo produjo una sacudida nacional y alimentó la narrativa de que Musharraf combatía al islam en nombre de Estados Unidos.

El régimen había usado durante años el lenguaje del orden y la seguridad. Pero ahora el desorden estaba dentro de la capital. La guerra afgana volvía a Pakistán. Las fronteras entre política exterior, yihad estratégica, militancia interna y seguridad nacional se volvían imposibles de separar.

El problema era estructural: un Estado que había empleado redes islamistas como instrumentos regionales no podía desactivarlas sin coste. Musharraf descubrió que el yihadismo no era solo herramienta: también era actor autónomo.

La crisis judicial: el dictador tropieza con la ley

El otro gran frente fue la judicatura. En 2007, Musharraf suspendió al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Muhammad Chaudhry. La decisión activó un movimiento de abogados, protestas urbanas y una crisis política que golpeó el corazón de su legitimidad.

Hasta entonces, Musharraf había podido presentarse como administrador racional frente a políticos desacreditados e islamistas peligrosos. Pero el movimiento judicial lo expuso como lo que era: un gobernante que no podía tolerar un poder institucional autónomo si este amenazaba su continuidad.

Ese fue el punto donde la fachada empezó a quebrarse. La ley, que el régimen usaba para ordenar, podía volverse contra el régimen. El general que había prometido limpiar el Estado aparecía ahora como obstáculo para el Estado de derecho.

La autocracia tecnocrática se reveló como autocracia sin adjetivos.

Estado de emergencia y final

En noviembre de 2007, Musharraf declaró el estado de emergencia. Suspendió garantías, restringió medios y presionó a la judicatura. Era el gesto clásico de un régimen que ya no puede gobernar solo mediante legitimidad y administración: cuando se agota la autoridad, aparece la excepción.

El asesinato de Benazir Bhutto en diciembre de 2007 agravó la crisis. Las elecciones de 2008 debilitaron al bloque favorable al régimen. Musharraf dimitió en agosto de ese año para evitar un proceso de destitución.

Su caída mostró los límites del militarismo personalista. El ejército como institución sobrevivió; Musharraf como figura, no. En Pakistán, los generales pueden irse, pero la estructura militar permanece.

Luces y sombras

Las luces existen, aunque sean limitadas. Musharraf intentó proyectar una imagen de modernización, apertura económica y moderación frente al extremismo. Permitió cierta expansión mediática. Abrió espacios que luego también contribuyeron a erosionar su propio poder. En política exterior, entendió que Pakistán no podía seguir completamente aislado tras el 11-S y maniobró para obtener recursos y relevancia.

Pero las sombras son centrales. Llegó por golpe. Subordinó la democracia al ejército. Manipuló instituciones. Mantuvo ambigüedad frente a redes militantes. Profundizó la dependencia paquistaní respecto a la lógica de seguridad. Chocó con la justicia cuando esta dejó de ser obediente. Declaró emergencia para sostenerse. No resolvió la cuestión afgana, ni la relación con India, ni el dominio político del ejército, ni la fragilidad civil del Estado.

Musharraf no fue el peor dictador de Asia. Pero sí fue un caso ejemplar de autoritarismo militar modernizador: discurso racional, traje internacional, alianza con Washington, elecciones controladas y poder real en uniforme.

Quién ganó y quién pagó

Ganó el ejército, que conservó su papel como árbitro del país.
Ganaron sectores tecnocráticos y empresariales conectados con la estabilidad del régimen.
Ganó Estados Unidos, durante un tiempo, al obtener un aliado logístico indispensable.
Ganaron algunos medios urbanos al ampliarse parcialmente el espacio comunicativo, aunque luego sufrieran límites.

Pagaron otros.

Pagaron los civiles, porque su soberanía siguió condicionada.
Pagó la judicatura cuando desafió al poder.
Pagaron periodistas y activistas durante la emergencia.
Pagaron los habitantes de las zonas fronterizas, atrapados entre guerra, drones, militancia y ejército.
Pagó Pakistán, porque volvió a aplazar la pregunta central: quién manda realmente, el voto o el uniforme.

Conclusión: el general del paréntesis permanente

Pervez Musharraf llegó prometiendo corregir la política. Terminó demostrando el problema de fondo de Pakistán: cada vez que el ejército entra para “salvar” al Estado, debilita más la posibilidad de que el Estado sea gobernado por civiles.

Su régimen fue una dictadura con lenguaje moderno. No se parecía a la teocracia talibán ni al totalitarismo comunista. Era otro tipo de autocracia: militar, tecnocrática, aliada de Occidente, electoralmente maquillada y obsesionada con la seguridad.

Musharraf quiso ser el general que modernizaba Pakistán. Pero nunca pudo escapar de la lógica que lo llevó al poder: la idea de que el ejército sabe más que la sociedad, que la seguridad está por encima de la soberanía ciudadana y que la democracia puede suspenderse hasta que se vuelva conveniente.

Ese fue su fracaso. No gobernó para destruir Pakistán. Gobernó diciendo que quería salvarlo. Pero, como tantos autócratas, confundió salvar el Estado con conservar el mando.

Bibliografía 

Oldenburg, Philip. India, Pakistan, and Democracy: Solving the Puzzle of Divergent Paths. Routledge, 2010.

Rashid, Ahmed. Taliban: The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond. I.B. Tauris / Bloomsbury, 3.ª ed., 2022.